La advertencia está contenida en el proyecto de resolución que aprueba las recomendaciones de la Asamblea Nacional al Presupuesto del Estado (OGE) de 2021, el cual fue aprobado por 141 votos a favor, 46 en contra y cinco abstenciones.
En el documento, los diputados también mencionan que se necesitan fondos para comprar material de bioseguridad debido a la pandemia del covid-19.
En el campo de la planificación y las finanzas, recomendó que no se eliminen los subsidios a la energía y los combustibles, “para evitar el aumento de precios y costos de las actividades marítimas, portuarias, pesqueras, agrícolas y afines, con el fin de incentivar la comunidad empresarial nacional”.
El Gobierno angoleño lleva algunos años analizando la retirada del subsidio a los combustibles, que le cuesta a la petrolera estatal unos 1,6 millones de euros anuales, según informó en septiembre el presidente del consejo de Sonangol, Gaspar Martins.
Se recomendó a los departamentos ministeriales que escuchen a los interlocutores sociales durante el proceso de elaboración de la OGE, con miras a compartir información para una mejor asignación de fondos, con la definición de las prioridades adecuadas.
También recomendó al ejecutivo seguir la evolución del precio del barril de petróleo en el mercado internacional y “si hay un cambio brusco, proponer una revisión presupuestaria”.
La OGE del ejercicio 2021, con ingresos y gastos fijos estimados en 14.700 millones de kwanzas (19.300 millones de euros), se elaboró con el precio de referencia de 39 dólares el barril de petróleo, reflejando un incremento del 9,9% respecto a la OGE revisada vigente.
El documento recomendó para el área de la diplomacia angoleña, que a partir de 2021 todos los ingresos provenientes de pagos realizados en misiones diplomáticas, consulares y representaciones comerciales, incluidos los derivados de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en su caso, deben en los ingresos por naturaleza económica de la unidad presupuestaria del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Que todos los gerentes de misiones diplomáticas y consulares que no rindan cuentas de los recursos financieros y patrimoniales asignados a las respectivas unidades presupuestarias sean responsables, con base en la ley”, se lee en el proyecto de resolución.
En la fase de discusión en la especialidad, la secretaria de Estado de Presupuesto Público e Inversiones, Aia-Eza da Silva, criticó la falta de rendición de cuentas del Ministerio de Relaciones Exteriores en los fondos que se destinaron para saldar deudas de las misiones diplomáticas de Angola.
En el ámbito de la acción social, familiar y promoción de la mujer, los diputados angoleños recomendaron que en el ámbito del programa de vivienda se encuentre una solución para el reasentamiento de unas 3.000 familias desplazadas hace más de una década de la ex Chicala, Luanda, que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
El refuerzo de la flota de buses de los operadores de transporte público, en la ciudad de Luanda, para reducir las largas filas de pasajeros en las paradas, fue también una de las 121 recomendaciones hechas por los diputados.
