Tres años después de su llegada al poder y tras defender en algunos casos a Manuel Vicente, el presidente João Lourenço parece haber decidido ahora retirar del gabinete el nombre del exjefe de Sonangol, asociándolo, por primera vez, con un presunto escándalo de corrupción.
Después de haber resistido la presión de varios sectores de la sociedad, ha llegado la luz verde. Está en juego la participación de Sonangol en el negocio de construcción de tres edificios y el Hotel Miramar – recientemente inaugurado por João Lourenço – y el paradero de US $ 450 millones, que habrán sido destinados a intereses privados.
Y con este cambio de posicionamiento, «el proceso de peeling público de Manuel Vicente puede haber comenzado», dijo a Expresso un alto líder del MPLA.
Al hacerlo, João Lourenço ‘destapó la olla’ y abrió un nuevo capítulo en su cruzada contra la corrupción, al comenzar, esta semana, involucrando a TPA – Televisión Pública de Angola en una campaña publicitaria contra la participación de altos líderes y funcionarios gubernamentales en empresas privadas que utilizan fondos públicos.
Con esta exposición, Manuel Vicente comenzó a sentir paulatinamente el cerco, en un momento en que su nombre aparece asociado a otros supuestos esquemas de corrupción. Si bien está escudado con inmunidades que lo mantienen a salvo de cualquier proceso judicial hasta el 2022, nadie tiene la menor duda de que, ante la creciente fragilidad de su imagen, la luna de miel entre ellos puede haber llegado a su fin.
“Esto sirve para que el presidente demuestre claramente que la idea difundida de que su lucha contra la corrupción es selectiva es falsa”, defiende el jurista Jeremias André.
Todo se precipitó después de que Sonangol, responsable de la inversión total realizada para la construcción de tres edificios y un hotel de lujo, viera reducida su participación a favor de Suninvest, el brazo financiero de FESA – Fundación Eduardo dos Santos
A raíz de esta ingeniería, Sonangol también se vería atrapado tras haber desembolsado 450 millones de dólares para contratar empresas pertenecientes a algunos integrantes de la cúpula de la petrolera, entonces dirigida por Manuel Vicente.
Sin embargo, esta no fue la única irregularidad detectada en este negocio. La investigación judicial realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) también concluyó que algunos altos funcionarios de Sonangol, a través de la República de China, estaban asociados con Namkuang, el contratista surcoreano contratado para construir los tres edificios y el Hotel Miramar. Sin ninguna inversión, tras recibir depósitos de 58 millones de dólares de la petrolera angoleña, Namkuang vendería su participación a la propia Sonangol por 110 millones de dólares.
Suninvest, por su parte, está acusada de haber tomado una participación del 45% en Hotel Miramar, luego de ingresar al negocio con las manos vacías y haber destinado 220 millones de dólares al terreno.
Ismael Diogo, presidente de esta empresa, refuta, en declaraciones a Expresso, la forma en que se está colocando el proceso en la plaza pública y, en posesión del presunto cédula de catastro, garantiza que fue la evaluación de mercado la que permitió a Suninvest presentar esos valores.
“El problema es que nunca han podido producir documentos que acrediten su propiedad, pero si reclaman esos valores, esperemos a que los lleven a juicio”, dice una fuente de la PGR.
En esta cruzada, João Lourenço cuenta con el fuerte apoyo del activista social Rafael Marques, quien ahora aparece todas las noches en las pantallas de la televisión oficial de Angola como principal asistente de los periodistas encargados de presentar una serie de reportajes titulada “O Banquete”. , que muestra cómo se enriqueció una minoría de angoleños. Los informes de la TPA empiezan a recordarnos, en diversos círculos políticos, la serie de programas que se emitieron en los años 80 del siglo pasado en torno al comercio de diamantes, denominados “Proceso 105”.
«Hay muchos fuegos artificiales en torno a esta campaña, que parece haber sido montada para desviar la atención, ya que los problemas son más profundos y más estructurales», dijo a Expresso Cristina Pinto, profesora de la Universidade Lusíada.
El propio Rafael Marques, que admite haber sido utilizado, reconoce que «es inaceptable que la TPA, como organismo público, no haya intentado hacer contradictorio, porque solo lo contradictorio garantiza una nueva discusión y una nueva pedagogía».
Expresso se puso en contacto con Manuel Vicente, pero no estuvo disponible para aclarar los cargos en su contra.
